El acuerdo ha caído como un jarro de agua fría entre el sector vitivinícola y el Gobierno riojano al considerarlo muy perjudicial para los intereses de La Rioja, que ve cómo no se han atendido sus planteamientos en defensa de las denominaciones de origen. Tan sólo el PSOE considera que el modelo de Rioja queda «protegido y salvaguardado» y la Unión de Pequeños Agricultores valora que «se nos blinde contra la liberalización de plantaciones hasta 2018». Pero otras voces se alzan en contra.
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